Edicion 92

Democratizar el Acceso a los Medios de Comunicación

Dos notas, de grado de preocupación diferente, aparecen el mismo día; las dos en primera plana y justificadamente califican para la de ocho. Una: 72 migrantes, centro y sudamericanos, 54 hombres y 18 mujeres, indefensos, fueron ejecutados en San Fernando, Tamaulipas. Espeluznante por si misma tal realidad. Inimaginable y fuera de nuestra capacidad de comprensión. Dolorosa y triste noticia que reabre heridas y las hace más profundas; pensamos que no se repetirían casos como el de Acteal. El sueño Americano se truncó en México y no haber aceptado enrolarse en las filas del crimen organizado fue como firmar su sentencia de muerte.

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de un sobreviviente Ecuatoriano; pero la denuncia destapó la cloaca al poner al descubierto la corrupción imperante en las instancias gubernamentales. Surgen preguntas: ¿Cuántos migrantes habrán muerto en similares condiciones antes de ésta masacre, sin que nadie se entere?, ¿Cuántos migrantes habrán aceptado la opción de incorporarse como sicarios, ante la disyuntiva de plomo o plata?, ¿Cuántos migrantes fueron asaltados por delincuentes y autoridades y permanecen en México errantes?. Ellos tienen el perfil perfecto para reclutarlos en el crimen organizado: sin documentos, sin identidad, origen mas allá de nuestras fronteras, sin antecedentes penales ni de trabajo en nuestro país.

La Secretaría de Gobernación vuelve a exhibir su ineficiencia ahora a través de su oficina encargada de asuntos migratorios que por cierto, encabeza una connotada funcionaria de negra memoria cuando, en otro cargo, esfumó miles de millones de pesos que debían ser destinados para ayuda en casos de desastres naturales. Ahora tendrán que lidiar en el campo diplomático con los países de donde son originarios los ejecutados. Queda mucho por hablar de éste Dantesco caso.

La otra noticia del día 25 que ocupó los titulares de todos los medios lo fue la presentación de las observaciones preliminares sobre la libertad de expresión en México, por parte de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Catalina Botero y Frank La Rue, respectivamente. El principal tema-objetivo de su visita en nuestro País se refiere al aspecto de la seguridad de medios y periodistas como obligación del Estado quien debe garantizar y cumplir el derecho a la libertad de expresión así como el derecho a la información de los ciudadanos.

En este punto, concluyen los relatores que “la concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación limita seriamente el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático en México”. Hacen también “un llamado al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Union para adoptar una legislación que permita desconcentrar el monopolio de los medios para generar un espacio mediático plural y accesible a toda la población asi como establecer procedimientos sencillos para que las comunidades indígenas puedan hacer uso de frecuencias” (Fuentes: reportaje de Emir Olivares y Georgina Saldierna y entrevista con Carmen Aristegui).

Tuvieron que venir relatores especiales de organismos internacionales y otorgarles credibilidad cuando en nuestro País se habían hecho los señalamientos pertinentes al respecto como es el caso del punto 3 que ha propuesto para el debate nacional Andrés Manuel López Obrador en su proclama de “10 puntos para transformar México” y que, salvo contadas excepciones, los medios no le dieron la difusión que ahora se da a las conclusiones de Botero y La Rue. Los mismos medios que descalificaron la propuesta, son, todos ellos, los que difundieron sin cortapisas las recomendaciones referidas. Veamos la propuesta de AMLO:

“Democratizar el acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías. Se promoverá la libre competencia y desconcentrará el otorgamiento de concesiones del Estado para evitar los monopolios de la radio y la televisión.

Abrir los canales de televisión y de radio suficientes para brindar éste servicio público indispensable y acabar con los monopolios. Se promoverá una ley que impida la concentración en unas cuantas manos y regule la relación de los medios con la sociedad y el Estado

Garantizar el derecho a la información de los Mexicanos enriqueciendo figuras como el derecho de réplica y la obligación de informar asuntos de interés público. Crear una Defensoría del público y de los derechos de la audiencia, encargada de recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Crear un fondo de fomento para la producción de programas educativos y culturales. Vincular la formación educativa y los contenidos de la televisión. Promover el cine nacional en la televisión abierta y por cable.

Promover el acceso de toda la población a los medios de comunicación. La radio y la televisión son un servicio público de interés nacional y son esenciales para el desarrollo cultural y social de la población.

Establecer medios públicos para garantizar el derecho a la información, reflejar la pluralidad política, étnica, social y cultural de los Mexicanos.

Impulsar y garantizar el funcionamiento de medios comunitarios como radios y televisiones locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, campesinos, jóvenes, además de escuelas y centros culturales.

Garantizar el acceso universal a la Internet, como un derecho ciudadano”.

(Fuente: Periódico Regeneración. Agosto 2010. Año 1 numero 8. Pag. 4)

Hay mucha similitud en las dos propuestas y seguramente que cuando se entregue el documento definitivo de los relatores internacionales, encontraremos muchas más. Podemos empezar a debatir las que ya se han presentado; ninguna de las dos es un documento acabado. Hay que analizar los textos completos y elaborados por especialistas en el ramo, por lo pronto, las sintesis quedan para su análisis.